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Trabajadores esperan que la seguridad laboral sea más que un lema

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Las normas legales sobre seguridad laboral en Venezuela prometen en la letra una vigilancia estricta, pero en el ámbito cotidiano su aplicación tiene mucho camino que recorrer, en medio de un discurso sobre “relaciones socialistas de producción” que sustenta el presidente Hugo Chávez.

Elsiglo.com.ve


Mientras los funcionarios del gobierno repiten la terminología marxista que rechaza el concepto de trabajo como mercancía, el ambiente de protección laboral es acompañado por una serie de leyes que buscan algo más que garantizarle seguridad al trabajador.

Especialistas consultados dijeron que el país tiene suficientes leyes, normas y decretos ejecutivos en el campo laboral, con aplicaciones aún deficientes y sujetas a interpretaciones y que en ocasiones se utilizan para presionar al sector privado, blanco preferido de ataques desde el poder.

La ley marco de seguridad laboral, la Lopcimat (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo), que regula aspectos relacionados con seguridad y salud, fue aprobada en la década de los años 80 y pasó casi inadvertida hasta que en julio de 2005 fue sometida a una reforma para adaptarla a la nueva realidad laboral.

Para su aplicación se creó el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), un organismo adscrito al Ministerio del Trabajo que promueve causas contra empleadores que incumplen las normas sobre seguridad.

La Lopcimat define lo que es un accidente en el trabajo, las lesiones funcionales o corporales, las enfermedades ocupacionales, garantiza la conformación de comités de seguridad y salud en el trabajo y establece como un deber del empleador informar si ocurren accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales, así como las sanciones que acarrearía su incumplimiento.

También obliga la adaptación técnica de las maquinarias manipuladas, la iluminación, ruido ocupacional y temperatura en los ambientes laborales.

Los analistas consideran que hay un gran espacio gris en su aplicación en los sectores de mayor riesgo, las industrias petrolera y siderúrgica, ambas bajo el control del Estado y donde ocurren frecuentes accidentes cuya resolución se desconoce.

Además, existe un sector fuera del ámbito laboral que se ha cobrado más de 100 víctimas mortales en los últimos cuatro años entre los dirigentes sindicales y que tiene que ver con una silenciosa guerra entre grupos rivales, mafias y enconos políticos.

Un informe de la agrupación “Gente de Petróleo”, conformada por gerentes despedidos durante la huelga general de 2002-2003, advirtió que la industria petrolera venezolana se está convirtiendo en la más peligrosa por los continuos accidentes.

Alertó que desde 2003, cuando el gobierno asumió el control absoluto en la industria, han ocurrido al menos 250 accidentes en áreas operativas, incluyendo incendios y derrames, con 62 trabajadores muertos y 235 heridos, cuyas investigaciones y resoluciones no han sido reveladas.

El portavoz de la organización, el ex gerente Eddie Ramírez, afirmó que en la petrolera Pdvsa se incumplen las normas de seguridad y falla la supervisión, dentro de una actividad que es potencialmente peligrosa.

“Desde enero de 2003 a la fecha han ocurrido numerosos accidentes en nuestras refinerías, con lamentable saldo de trabajadores fallecidos y lesionados, además de cuantiosas pérdidas económicas”, dijo a dpa.

Agregó que en la Pdvsa “gerencial” se le daba mucha importancia a los aspectos de seguridad en el trabajo y ambiente, así como a la capacitación del personal. “Entre 2003 y el 10 de abril de 2010, han fallecido, que sepamos, 66 trabajadores y 261 han sido lesionados en accidentes que denotan fallas en la supervisión, incumplimiento de las normas de seguridad y falta de mantenimiento”, afirmó.

El miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna de 1999 y líder del movimiento Solidad Laboral, Froilán Barrios, afirmó que el tema laboral es usado por el gobierno como asunto político.

Indicó que las instalaciones bajo control del Estado no son multadas por los accidentes y advirtió un deterioro en empresas como la siderúrgica Sidor: “Han muerto cinco trabajadores en dos años de la administración pública, mientras que hubo uno en 10 años durante la administración de los argentinos (grupo Ternium)”, resaltó.

“No se ha multado a las empresas (públicas). La ley la han usado más para la persecución política que para la vigilancia real de la seguridad. Los inspectores van y multan más a las empresas privadas. Las normas son usadas para adoctrinamiento ideológico y para presionar. Se han creado más de 9.000 consejos de prevención, el 90 por ciento en el sector privado. La ley luce muy bonita pero no se aplica”, aseveró.

La organización defensora de derechos humanos Provea alertó que en 2009 menos de un tercio de los casos de denuncias laborales que llegan a las inspecciones de trabajo generan algún tipo de decisión administrativa, lo cual “evidencia la existencia de fallas estructurales en el sector”.

“En contraparte, se mantienen las políticas destinadas a mejoras las condiciones y medio ambiente de trabajo. El Inpsasel realizó una cantidad significativa de inspecciones en sitios de trabajo y mantuvo esfuerzos para formar y constituir los comités de prevención y de seguridad y salud en el trabajo”, expuso, aunque puntualizó que “se mantiene la tendencia de tomar decisiones de manera unilateral por parte del Estado” en materia laboral.

El jefe de la Comisión de Asuntos Laborales de la patronal Fedecámaras, Aurelio Concheso, recalcó que el Estado “hace la vista gorda con empresas como Pdvsa pero aplica la ley rigurosamente a la empresa privada”.

Indicó que la ley establece la creación de un fondo para pagar las compensaciones a los trabajadores víctimas de accidentes y sus familiares, pero aún no se ha constituido.

“Leyes sobran, falta voluntad para aplicarlas”, puntualizó.

Fuera de las instalaciones de trabajo también ocurren sucesos fatales por razones extra laborales. Provea dijo que sólo en 2009 hubo 46 dirigentes sindicales asesinados, la mayoría por “la obtención de puestos de trabajo” y criticó los “pocos avances” en las “investigaciones sobre los autores materiales e intelectuales”.

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo denunció los asesinatos de 67 dirigentes sindicales entre 2007 y 2008 e instó a la Fiscalía General a investigar los hechos.

Los homicidios se han concentrado en centros industriales de los estados de Bolívar, Anzoátegui, Aragua y Carabobo y las autoridades los atribuyen a riñas de grupos rivales, guerras de poder y diferencias políticas.

La pasada semana, un grupo armado entró disparando a una asamblea en la empresa estatal de Bauxilum, en la región sureña de Bolívar, e hirió de bala al líder sindical José Morocoima, quien impulsaba un reclamo por incumplimiento de acuerdos salariales.

Los sindicalistas acusaron del ataque a un grupo llamado Muralla Roja, formado supuestamente por simpatizantes del gobierno del sector de la construcción, y aún convaleciente Morocoima acusó al gobierno de darle “fuerza” a grupos violentos.

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